La herramienta de sobrecapacidad
Tras varios retrasos provocados por el conflicto en Irán, el 29 de mayo de 2026, la Comisión Europea celebró en Bruselas una reunión del Colegio de Comisarios dedicada en exclusiva a debatir su política económica y comercial hacia China.
Sobre la mesa había una propuesta concreta defendida por cinco Estados miembros que pretende dotar a Bruselas de una nueva herramienta comercial diseñada, en la práctica, para endurecer de manera drástica el control sobre las importaciones chinas.
Francia, Italia, España, Países Bajos y Lituania han firmado un documento conjunto en el que reclaman la creación de lo que llaman una “herramienta de resiliencia”, aunque en los pasillos comunitarios y en parte de la prensa especializada ya se la conoce como la “herramienta de sobrecapacidad”.
La idea consiste en sustituir parcialmente los tradicionales procedimientos antidumping y antisubsidios, lentos y jurídicamente complejos, por un mecanismo mucho más amplio que permitiría fijar límites predeterminados a importaciones procedentes de un país concreto. Una vez superado ese umbral, podrían activarse automáticamente medidas correctoras o arancelarias sin investigar caso por caso y desplazando parte del análisis jurídico hacia mecanismos más generales y automáticos que no analizan cada situación concreta.
La propuesta todavía no es pública en todos sus detalles. La Comisión mantiene un elevado nivel de discreción mientras consulta a gobiernos y grupos industriales europeos para calibrar el respaldo político e industrial necesario con el objetivo de tener una primera versión preparada antes de agosto.
Según adelantó el South China Morning Post, tras el debate interno de mayo, la presidenta Ursula von der Leyen tiene previsto solicitar un mandato político más amplio durante el Consejo Europeo del 18 y 19 de junio para avanzar hacia una política comercial considerablemente más dura frente a China.
La llamada “herramienta de sobrecapacidad” no surge de la nada.
Es la continuación de una arquitectura regulatoria y comercial que la Unión Europea lleva construyendo desde hace varios años y que incluye ya los aranceles antisubsidios sobre los vehículos eléctricos chinos aprobados en octubre de 2024, que pueden alcanzar el 45,3% sumando el arancel base y los gravámenes adicionales, el recorte de importaciones de acero impulsado en 2025, el Reglamento de Subvenciones Extranjeras utilizado de forma muy intensa sobre empresas chinas, la Ley de Aceleración Industrial presentada en marzo de 2026 y conocida popularmente como la ley “Made in EU”, la futura revisión de la Ley de Ciberseguridad que podría limitar la presencia de proveedores chinos en sectores digitales sensibles, y el próximo Paquete de Soberanía Tecnológica previsto para junio, que incluirá nuevas normas sobre nube, inteligencia artificial y semiconductores.
Todo ello configura el giro proteccionista más importante que ha vivido la Unión Europea en décadas. Y resulta especialmente llamativo porque Europa se presentó durante mucho tiempo como una de las principales defensoras del libre comercio y del sistema multilateral basado en reglas.
¿Qué ha cambiado para que Bruselas parezca dispuesta a alejarse de esa tradición comercial y asumir el riesgo de una confrontación económica mucho más intensa con China, su segundo socio comercial después de Estados Unidos?
El contexto: la “hemorragia” industrial europea
Para entender el endurecimiento comercial europeo hay que retroceder varios años y observar un proceso de deterioro industrial cuyas causas son, en buena medida, internas.
La competitividad de la industria europea empezó a deteriorarse de forma acelerada a partir de 2022, aunque los problemas venían de mucho antes. Durante más de dos décadas, el peso de la manufactura dentro del PIB europeo no ha dejado de disminuir, una tendencia común a muchas economías desarrolladas, lo que convirtió ese deterioro gradual en una crisis mucho más grave fue el shock energético provocado por la guerra de Ucrania.
Europa llegó a esa crisis con importantes debilidades estructurales. El precio del gas natural pasó de rondar los 20 euros por megavatio hora en 2021 a acercarse a los 340 euros durante el verano de 2022, un nivel incompatible con la supervivencia de buena parte de la industria intensiva en energía. Aunque posteriormente la Unión Europea diversificó proveedores y logró estabilizar parcialmente la situación, los costes nunca volvieron a niveles realmente competitivos.
Según datos recopilados por BusinessEurope, en 2024 la electricidad industrial en la Unión Europea costaba alrededor de 0,199 euros por kilovatio hora, más del doble que en Estados Unidos y muy por encima de China. La Agencia Internacional de la Energía ha confirmado además que en 2025 la brecha seguía siendo muy elevada. La industria europea continúa soportando unos costes energéticos estructuralmente superiores a los de sus principales competidores.
No se trata únicamente de una consecuencia de la guerra. Europa también arrastra decisiones estratégicas discutibles acumuladas durante años. Entre ellas figuran la fuerte dependencia del gas ruso, el cierre de parte de la capacidad nuclear europea y una transición energética que avanzó más rápido que la construcción de infraestructuras capaces de garantizar un suministro estable, abundante y barato.
El resultado ha sido un deterioro industrial muy visible. Tras el rebote posterior a la pandemia de 2021, cuando la producción industrial europea creció un 8,5%, la situación cambió bruscamente. En 2022 el crecimiento prácticamente desapareció. En 2023 la producción cayó un 1,4% y en 2024 el retroceso continuó.
Uno de los sectores más afectados ha sido la industria química europea, tradicionalmente considerada la “industria de las industrias” porque abastece a prácticamente toda la cadena manufacturera, desde la automoción hasta la medicina, desde la defensa hasta los bienes de consumo.
Los datos del Consejo Europeo de la Industria Química y del informe European Chemical Closures & Investments Radar elaborado por Roland Berger muestran una situación muy delicada. Entre 2022 y 2025 Europa anunció cierres equivalentes a decenas de millones de toneladas de capacidad productiva química y una fuerte destrucción de empleo directo e indirecto.
El problema no es solo que se estén cerrando fábricas. Es que además la inversión en nueva capacidad productiva se ha desplomado. Europa está perdiendo capacidad industrial mientras otras regiones continúan construyendo la suya.
La situación se repite en otros sectores intensivos en energía como el aluminio. La producción primaria europea ha caído drásticamente mientras las importaciones aumentan. Lo mismo sucede en determinadas áreas de materiales industriales, fertilizantes y manufacturas intermedias.
Todo esto se refleja inevitablemente en la balanza comercial. Según Eurostat, en 2025 el déficit comercial de bienes de la Unión Europea con China alcanzó aproximadamente los 360.000 millones de euros. Europa importó bienes chinos por valor de más de 559.000 millones y exportó menos de 200.000 millones. Y la tendencia siguió empeorando durante el primer trimestre de 2026.
La categoría más importante corresponde precisamente a maquinaria eléctrica, componentes electrónicos, baterías y bienes tecnológicos, es decir, productos situados en el centro de la futura economía industrial y digital.
Existe además un elemento adicional que agravó el desequilibrio. La guerra comercial iniciada por Estados Unidos contra China desvió parte de las exportaciones chinas hacia otros mercados. Europa, con aranceles medios relativamente bajos bajo las reglas de la OMC, se convirtió en uno de los destinos naturales de ese excedente exportador. Aunque Washington y Pekín alcanzaron una tregua parcial a finales de 2025, los aranceles estadounidenses sobre muchos productos chinos siguen siendo muy superiores a los europeos.
La presión comercial sobre Europa, por tanto, no desapareció, solo se redistribuyó.
El debate sobre la “sobrecapacidad” china
La Comisión Europea ha construido buena parte de su discurso sobre la idea de la “sobrecapacidad china”. Según esta interpretación, China produce mucho más de lo que puede absorber su mercado interno y vuelca ese excedente sobre los mercados internacionales gracias a subsidios estatales masivos y ventajas competitivas artificiales.
Es cierto que China representa una parte enorme de la producción manufacturera mundial y que su capacidad industrial supera ampliamente la demanda interna en determinados sectores. También es evidente que el Estado chino desempeña un papel mucho más activo en la economía que las economías occidentales.
Sin embargo, reducir el problema europeo únicamente a una “inundación china” simplifica demasiado una realidad bastante más compleja.
Diversos economistas y centros de análisis europeos han señalado que el deterioro de la competitividad europea tiene mucho que ver con diferencias estructurales de costes y productividad. Alicia García Herrero, investigadora sénior de Bruegel, ha explicado que la crisis energética de 2022 disparó los precios industriales europeos mientras China entraba en una fase de menor inflación industrial y de fuerte expansión manufacturera.
La ventaja competitiva china en sectores como baterías, maquinaria eléctrica, productos químicos o tecnologías verdes no puede explicarse únicamente por subsidios. También refleja diferencias de escala, costes energéticos, integración industrial y capacidad manufacturera.
Rolf Langhammer, investigador del Kiel Institute for the World Economy, resumió esta idea señalando que el déficit comercial europeo refleja en gran medida una pérdida de competitividad exportadora europea. También recordó algo incómodo para el discurso político actual: las importaciones baratas reducen la inflación y benefician a muchos consumidores europeos.
Ahí aparece uno de los grandes dilemas políticos de esta historia: para muchos productores europeos, la competencia china es extremadamente difícil de soportar, pero para muchos consumidores europeos, en cambio, los productos chinos baratos ayudan a contener el coste de vida.
Existe además una contradicción interesante en el discurso europeo. Francia mantiene una enorme presencia en el mercado chino de cosméticos, Alemania exporta automóviles de alta gama e Italia exporta productos alimentarios y de lujo. Es decir, Europa también depende de vender fuera mucho más de lo que consume internamente en determinados sectores.
Esto nos hace ver por qué países como Alemania, de momento, no han firmado el acuerdo y únicamente lo han hecho
- Francia, que lleva décadas siendo el principal abanderado del proteccionismo industrial dentro de la UE, especialmente bajo Macron, que ha hecho de la “autonomía estratégica europea” su bandera personal.
- Italia que ha girado bruscamente bajo Meloni, que en 2023 retiró al país de la Iniciativa de la Franja y la Ruta china.
- España que sorprende a todos y que se trata de explicar por el tema de los aranceles al mercado del cerdo o los vehículos eléctricos, pero que parece responder, en realidad, más a presiones de otros estados miembros como Francia e Italia que no entendían el comportamiento pro-China del país.
- Países Bajos, que tiene un interés particularísimo ASML, el único fabricante mundial de las máquinas de litografía ultravioleta extrema imprescindibles para hacer chips avanzados, y que está sometido a fuertes restricciones de exportación a China impulsadas por Estados Unidos, y La Haya quiere asegurarse de que Bruselas comparte la carga geopolítica de esa decisión.
- Lituania, que lleva años en pie de guerra con Pekín desde el incidente de Taiwán.
¿Por qué no ha firmado Alemania? Porque su industria, y muy en particular la automovilística, depende de China. China es el principal mercado individual de Volkswagen, BMW y Mercedes-Benz. En el caso de Volkswagen, durante años más de un tercio de sus ventas globales se produjeron en China. Aunque esa cuota ha caído en los últimos años por el ascenso de los fabricantes chinos como BYD, sigue siendo un mercado del que el grupo no puede prescindir sin entrar en crisis existencial.
A esto se suma que los fabricantes alemanes producen masivamente en China (no solo venden allí), de modo que cualquier represalia de Pekín contra empresas europeas les golpearía dos veces: en sus exportaciones desde Alemania y en sus operaciones locales en China. BASF, el gigante químico alemán, acaba de invertir 10.000 millones de euros en un nuevo complejo petroquímico en Zhanjiang, una apuesta estratégica que sería difícil de defender en un escenario de guerra comercial abierta.
Hay también un factor político: el canciller alemán Friedrich Merz, de la CDU, ha intentado mantener una línea más pragmática que la de su predecesor Olaf Scholz, pero la coalición que sostiene su gobierno tiene tensiones internas sobre China, y firmar un documento abiertamente confrontacional habría provocado problemas con los sectores industriales que tradicionalmente apoyan al partido.
Recordemos además que cuando se votaron los aranceles a los vehículos eléctricos chinos en octubre de 2024, Alemania votó en contra, junto con Hungría, Eslovaquia, Eslovenia y Malta.
Viktor Orbán ha convertido a Hungría en el principal socio de China dentro de la Unión Europea, y en el caballo de Troya chino en la UE. CATL, el mayor fabricante de baterías del mundo, está construyendo en Debrecen una de las mayores fábricas de baterías de Europa, con una inversión de unos 7.300 millones de euros, BYD ha elegido Hungría como sede de su primera fábrica europea de coches eléctricos, Huawei tiene en Hungría su mayor centro logístico fuera de China. Orbán no solo no firmaría una propuesta contra China, sino que ha dejado claro que bloqueará activamente cualquier intento de Bruselas de endurecer su política comercial en la medida en que pueda hacerlo.
En Eslovaquia, el primer ministro Robert Fico ha seguido una trayectoria similar a la húngara, visitando Pekín y manteniendo una posición abiertamente crítica con las medidas europeas contra China. Eslovaquia también votó en contra de los aranceles a los vehículos eléctricos chinos, porque Volkswagen tiene en Bratislava una de sus fábricas más importantes y depende enormemente del mercado chino.
Otros países como Bélgica, Austria, Portugal, Grecia, Irlanda, Finlandia o Suecia no se han adherido por razones diversas pero convergentes. Algunos, como Grecia, tienen vínculos estratégicos con China (el puerto del Pireo es propiedad de COSCO, la naviera estatal china). Irlanda alberga las sedes europeas de muchas multinacionales tecnológicas que operan en China y prefiere mantener un perfil bajo. Los países nórdicos, tradicionalmente librecambistas, son reacios a respaldar instrumentos que se desvíen claramente de las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
Hay también un factor de cálculo político muy básico: firmar un documento confrontacional contra China expone al país firmante a represalias específicas y selectivas, como ya descubrió Lituania en 2021 cuando permitió la apertura de una “Oficina de Representación de Taiwán” y Pekín respondió con un bloqueo comercial que prácticamente borró a Lituania de las estadísticas comerciales chinas.
Lo que desprende esta foto de los firmantes y no firmantes es que la Unión Europea no tiene una posición unificada sobre China, ni siquiera una mayoría clara. Esta fragmentación es justamente lo que da a la Comisión Europea, y en particular a Ursula von der Leyen y a Stéphane Séjourné, un margen de maniobra notable: pueden avanzar con propuestas técnicas que no requieren unanimidad (como la “herramienta de sobrecapacidad”, si se diseña bajo procedimiento legislativo ordinario y no como instrumento de política exterior), y al mismo tiempo presentarse ante los gobiernos divididos como árbitros neutrales.
El problema es que, desde Beijing, si producir más de lo que consume el mercado interno se considera automáticamente una prueba de “sobrecapacidad”, muchas economías exportadoras occidentales podrían enfrentarse exactamente al mismo argumento.
Los lobbies y el giro proteccionista europeo
Si las causas profundas del problema europeo son internas, ¿por qué Bruselas está optando por una estrategia basada principalmente en barreras comerciales en lugar de centrarse prioritariamente en reformas estructurales?
La respuesta tiene mucho que ver con la política industrial y con los grupos de presión que rodean a las instituciones europeas.
Durante el último año, la Comisión Europea ha mantenido nada menos que 750 reuniones (equivalente a 3 reuniones por cada día laborable) relacionadas con el Clean Industrial Deal y las nuevas políticas de competitividad industrial. ¿Y quiénes fueron los actores más activos en esta frenética actividad de presión? Ni las empresas de energías limpias, ni las startups innovadoras, ni los fondos de inversión en tecnologías verdes. Los actores más activos han sido representantes de sectores tradicionales como el acero, la automoción, el cemento, la química pesada y la energía, que son precisamente las industrias más golpeadas por el aumento de costes energéticos y por la competencia asiática.
El problema es que muchas de estas industrias llevan años perdiendo competitividad global y afrontan enormes dificultades para adaptarse a la transición energética y tecnológica.
Que las industrias que con más fuerza presionan para que se levanten barreras contra China son aquellas que llevan dos décadas perdiendo competitividad de forma continuada, y que afrontan el desafío de la transición energética con una mezcla de pánico y resistencia al cambio, invita a suponer que, la narrativa de la “amenaza china” es un regalo caído del cielo, porque les permite desviar la atención de sus propias ineficiencias, justificar la pervivencia de modelos de negocio obsoletos y reclamar subsidios públicos y protección arancelaria sin tener que someterse al doloroso pero necesario proceso de transformación que exigiría una competencia abierta. Es decir, para estas empresas, el endurecimiento comercial europeo supone una forma de ganar tiempo, reducir presión competitiva y obtener apoyo público.
El análisis del Industrial Accelerator Act publicado en abril de 2026, advierte: “Si el único objetivo europeo fuera una transición energética al menor coste, no debería hacerse nada para impedir el flujo de importaciones chinas de tecnologías limpias. Pero esa estrategia generaría preocupaciones sobre competencia desleal y seguridad económica“. Bruegel reconoce que existe un dilema real entre descarbonización barata y protección industrial, pero a renglón seguido señala que las medidas propuestas por la Comisión no pasan el examen de proporcionalidad: los requisitos de “Made in EU” para paneles solares, por ejemplo, duplicarían el precio que los gobiernos europeos pagan por estas tecnologías, según la propia evaluación de impacto de la Comisión Europea. Dicho de otro modo, Bruselas está a punto de encarecer artificialmente la transición energética de todo un continente con el único propósito de proteger a unos cuantos fabricantes locales que no son competitivos a escala global. Otro sinsentido.
La respuesta china
China ha dejado claro que no piensa permanecer pasiva si Bruselas intensifica las restricciones comerciales. El Ministerio de Comercio chino advirtió públicamente de que responderá con “contramedidas decididas” si la Unión Europea sigue adelante con herramientas consideradas discriminatorias.
El artículo de Yuyuan Tantian revela que Pekín dispone de varias herramientas legales que puede activar de inmediato si la situación lo requiere.
La primera es la investigación antidiscriminación, amparada en el artículo 7 de la Ley de Comercio Exterior de China. El mecanismo antidiscriminación permite a China imponer restricciones a la importación de productos emblemáticos de los países señalados, establecer aranceles selectivos de represalia o limitar el acceso de empresas extranjeras a las licitaciones públicas chinas. Los sectores europeos más vulnerables a este tipo de represalias son precisamente aquellos que más dependen del mercado chino: los cosméticos y perfumes franceses, los automóviles de lujo alemanes, los vinos italianos y españoles, y los productos lácteos irlandeses y neerlandeses.
La segunda herramienta, y probablemente la más novedosa y potencialmente disruptiva, es la investigación de seguridad de las cadenas industriales y de suministro. El 7 de abril de 2026, el Consejo de Estado de la República Popular China promulgó el Reglamento sobre Seguridad de las Cadenas Industriales y de Suministro, que entró en vigor de manera inmediata y sin período de transición. Esta normativa crea un mecanismo de coordinación centralizado entre más de quince agencias gubernamentales chinas que permite a las autoridades chinas imponer contramedidas contra cualquier empresa u organización extranjera que “interrumpa transacciones normales” o adopte “medidas discriminatorias” que causen o puedan causar un “daño sustancial” a la seguridad de las cadenas de suministro chinas.
La tercera baza de China es, sencillamente, su dominio sobre las materias primas críticas sin las cuales la industria europea, y muy particularmente su sector tecnológico, no puede funcionar. Según los datos del Parlamento Europeo, la Unión Europea importa de China el 100% de sus tierras raras pesadas, el 85% de las ligeras y el 98% de los imanes de tierras raras, componentes esenciales para los motores de los vehículos eléctricos, los generadores de las turbinas eólicas y los discos duros de los centros de datos.
China controla, además, en torno al 94% del suministro mundial de galio y el 83% del de germanio, dos materiales imprescindibles para fabricar semiconductores avanzados, sistemas de radar, fibra óptica y dispositivos de visión nocturna. Controles a la exportación de galio y germanio, para que se entienda bien, podría volver a colapsar sectores enteros de la industria automovilística y de defensa europea, como ya pasó en 2025. Por eso, algunos países no han firmado este acuerdo.
La dimensión tecnológica y los semiconductores
Si alguien pudiera pensar que esta escalada comercial se limita a las industrias tradicionales como el acero, los productos químicos o los automóviles, estaría pasando por alto la dimensión más estratégica y potencialmente explosiva del conflicto: la tecnología, los semiconductores y la inteligencia artificial.
Bruselas acaba de publicar el Chips Act 2.0, una ambiciosa revisión de la legislación europea de semiconductores que persigue reforzar la soberanía tecnológica del continente en un sector donde la dependencia de terceros países resulta sencillamente insostenible.
El mercado mundial de semiconductores alcanzó en 2025 la cifra récord de unos 796.000 millones de dólares, impulsado sobre todo por la demanda de centros de datos e inteligencia artificial. Sin embargo, la Unión Europea apenas representa entre un 9 y un 12,7% de la producción global de chips, y carece por completo de capacidad para fabricar los semiconductores más avanzados (los de nodos inferiores a 10 nanómetros), imprescindibles para la defensa, la automoción, la informática de alto rendimiento y los sistemas de inteligencia artificial.
El objetivo que se fijó el Chips Act original de alcanzar el 20% de la producción mundial para 2030 ha sido calificado de “irrealista” por el propio Tribunal de Cuentas Europeo, que advierte de que la proyección más optimista de la Comisión apenas alcanza el 11,7%. Y el 3 de junio, dentro de apenas unos días, la Comisión publicará el Paquete de Soberanía Tecnológica, que incluirá la Ley de Desarrollo de la Nube y la Inteligencia Artificial, cuyo objetivo declarado es reducir la dependencia europea de los grandes hiperescaladores estadounidenses y, de paso, establecer barreras a los proveedores tecnológicos chinos en infraestructuras críticas y contratación pública.
El problema, una vez más, es que Europa pretende levantar murallas en el mundo digital cuando los ladrillos con los que tendría que construirlas están en manos de su rival. Para fabricar cualquier chip, da igual si es para un coche, un satélite o un servidor de inteligencia artificial, se necesitan galio, germanio, grafito de alta pureza y una docena de minerales críticos cuyo suministro global está abrumadoramente concentrado en China.
Si mañana Pekín decidiera cortar el flujo de estos materiales hacia Europa como represalia por las barreras comerciales que Bruselas está erigiendo, las fábricas de chips europeas se pararían en cuestión de semanas, los centros de datos para inteligencia artificial no podrían expandirse, y la industria de defensa europea —que depende en gran medida de componentes chinos para los sistemas de navegación de sus drones militares— quedaría estrangulada.
Pero hay más. El nuevo Reglamento de Seguridad de las Cadenas de Suministro chino tiene una disposición, el artículo 13, que prohíbe a cualquier entidad extranjera realizar “investigaciones o recopilación de información” sobre cadenas de suministro dentro de China sin la debida autorización. Esto afecta directamente a las auditorías de criterios ambientales, sociales y de gobernanza que las empresas europeas están obligadas a realizar sobre sus proveedores para cumplir con normativas como la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa. También afecta a los mapeos de proveedores, a los cuestionarios sobre condiciones laborales y a cualquier tipo de investigación que las compañías tecnológicas europeas necesitan llevar a cabo para asegurarse de que sus cadenas de suministro son fiables y éticas. En otras palabras, la Unión Europea exige a sus empresas que investiguen a sus proveedores chinos, pero China les prohíbe hacerlo y amenaza con sancionarlas si lo intentan. Es un conflicto normativo insoluble que coloca a las multinacionales europeas en una posición imposible.
También hay que mencionar la guerra digital que ya se está librando en el ámbito de las plataformas de consumo.
En mayo de 2025, la Comisión Irlandesa de Protección de Datos, en representación de la Unión Europea, impuso a TikTok una multa de 530 millones de euros por transferir datos de usuarios europeos a servidores en China. En febrero de 2026, la Comisión Europea abrió una investigación formal contra Shein bajo la Ley de Servicios Digitales por la venta de productos supuestamente peligrosos y por la transferencia de datos personales de consumidores europeos a China. Y a partir del 1 de julio de 2026 entrará en vigor el nuevo arancel de tres euros por cada paquete de comercio electrónico importado desde fuera de la Unión con un valor inferior a 150 euros, una medida diseñada específicamente para frenar la avalancha de envíos de plataformas como Shein, Temu y AliExpress, que entre las tres despachan millones de paquetes diarios hacia los hogares europeos.
El verdadero problema europeo
Llegados a este punto, conviene hacer una pausa y preguntarse con honestidad qué es lo que realmente está pasando aquí.
El déficit comercial europeo con China no es el resultado de ninguna agresión externa. Es el resultado de décadas de decisiones políticas equivocadas, de falta de inversión en innovación, de costes energéticos desbocados por una transición no demasiado bien planificada, de una burocracia que espanta la inversión productiva, de una fragmentación del mercado único que impide la aparición de empresas fuertes continentales capaces de competir a escala global, y de un envejecimiento demográfico que reduce la capacidad de crecimiento potencial de la economía europea año tras año.
Europa no está perdiendo la batalla comercial porque China haga trampas, la está perdiendo porque sus costes de producción son estructuralmente más altos: la electricidad industrial en la Unión Europea cuesta más del doble que en Estados Unidos y muchísimo más que en China, fabricar una tonelada de acero, un panel solar o una batería en Europa es, sencillamente, más caro que fabricarlo en Asia, y ningún arancel puede corregir de forma permanente una desventaja de costes tan profunda.
Lo único que consiguen los aranceles es encarecer los productos para los consumidores y las empresas europeas, retrasar la adopción de tecnologías limpias que son imprescindibles para cumplir los objetivos climáticos, y dar a las industrias ineficientes una prórroga artificial que desincentiva la inversión en modernización y en productividad.
Es particularmente revelador que los sectores que más agresivamente presionan a favor del proteccionismo sean aquellos que menos se han transformado en las últimas décadas, los gigantes del acero, del cemento, de la química pesada y de la automoción tradicional, industrias todas ellas que llevan veinte años perdiendo cuota de mercado global, que han invertido menos en investigación y desarrollo que sus competidores asiáticos, y que ahora parece que pretenden que el contribuyente y el consumidor europeo paguen la factura de su falta de visión estratégica.
El círculo vicioso que se ha instalado en la política industrial europea es desesperanzador: como la industria europea es cada vez menos competitiva, Bruselas la protege con barreras comerciales… como está protegida, no tiene incentivos para invertir en productividad, en automatización, en procesos más eficientes… como no invierte, su competitividad sigue cayendo… y como su competitividad sigue cayendo, Bruselas se ve obligada a levantar barreras aún más altas. Es la definición de un callejón sin salida, una espiral que solo puede terminar con una industria europea permanentemente subvencionada, permanentemente protegida y permanentemente incapaz de competir en los mercados internacionales.
Y luego está la dimensión geopolítica del despropósito. La Unión Europea se está embarcando en una guerra comercial con China en el momento en que más necesita de la cooperación internacional para afrontar desafíos globales como la transición energética, la lucha contra el cambio climático o la estabilización de Oriente Medio tras la guerra entre Israel e Irán. Al mismo tiempo, está tensando la cuerda con su otro gran socio comercial, Estados Unidos, cuya administración Trump ya ha advertido de que considerará “una línea roja” cualquier intento europeo de mejorar la competitividad de sus empresas tecnológicas limitando el acceso de las empresas estadounidenses al mercado único. Europa corre el riesgo de quedar atrapada en una tenaza entre dos gigantes que, pese a sus diferencias, tienen una cosa en común: ambos están dispuestos a utilizar el comercio como un arma, y ambos tienen muchas más herramientas para hacerlo que una Unión Europea fragmentada, lenta en la toma de decisiones y paralizada por la necesidad de conciliar los intereses contrapuestos de veintisiete Estados miembros.
Conclusión
El 29 de mayo de 2026 puede acabar siendo recordado como el momento en que la Unión Europea decidió acelerar un giro proteccionista de enormes consecuencias económicas y geopolíticas. O puede convertirse simplemente en otro episodio más dentro de una negociación larga y compleja entre Bruselas y Pekín.
Lo que parece claro es que Europa afronta un problema real de competitividad industrial. Un problema serio, profundo y potencialmente muy peligroso para el futuro económico del continente y que no puede explicarse únicamente por China.
Europa necesita energía más barata, menos fragmentación regulatoria, más inversión productiva, cadenas industriales más sólidas y una estrategia tecnológica mucho más coherente. Necesita también decidir qué parte de su industria quiere proteger y cuánto está dispuesta a pagar por ello.
Porque levantar barreras puede ofrecer alivio temporal. Pero construir una muralla alrededor de una economía que no logra resolver sus debilidades estructurales internas no parece una estrategia de crecimiento sostenible.
Tal vez, en vez de castigar a China por ser competitiva, Europa debería mirar por qué ha dejado de serlo en tantos sectores estratégicos y qué está dispuesta a hacer para recuperar esa capacidad . Lo que parece claro es que, de momento, Bruselas prefiere levanta barreras antes que enfrentarse a sus propios problemas.