Las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026 han cambiado el equilibrio de poder en Washington. Los demócratas han recuperado el control de las dos cámaras del Congreso, mientras Donald Trump continuará ocupando la presidencia hasta enero de 2029. Para comprender las consecuencias de este resultado sobre la inteligencia artificial, primero hay que entender cómo funciona el sistema político estadounidense, quién tiene capacidad para aprobar leyes y qué decisiones puede seguir tomando el presidente sin el apoyo del Congreso.
El 3 de noviembre de 2026, millones de estadounidenses acudieron a votar en lo que se conoce como mid term elections.
El resultado tiene consecuencias para la economía, la política exterior y la capacidad del presidente para desarrollar su programa. Pero también llega en un momento particularmente importante para la industria tecnológica.
¿Cuál ha sido el resultado? Los demócratas consiguieron recuperar el control de la Cámara de Representantes y del Senado, las dos instituciones que forman el Congreso estadounidense.
¿Por qué esto puede afectar al sector tecnológico y en especial, al de la inteligencia artificial?
Ya sabemos que Estados Unidos está realizando enormes inversiones en inteligencia artificial, que sus empresas desarrollan algunos de los modelos más avanzados, construyen centros de datos, diseñan semiconductores y compiten por atraer talento e inversiones. Al mismo tiempo, el Gobierno estadounidense utiliza restricciones comerciales y controles tecnológicos para intentar mantener su ventaja frente a China. Es decir, muchas decisiones “tecnológicas” dependen de la política.
Para entenderlo bien, vamos a empezar por cómo se gobierna el país.
Un presidente que no puede decidirlo todo
Desde fuera, la figura del presidente estadounidense siempre transmite un enorme poder. Es normal porque en su figura se aglutinan un montón de cargos que implican poder: dirige el Gobierno federal, representa al país a nivel mundial, es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y tiene muchísimas competencias en política exterior, seguridad nacional y administración pública.
Sin embargo, Estados Unidos tiene un sistema político diseñado precisamente para impedir que una sola institución concentre todo el poder.
La Constitución, aprobada en 1787 y vigente desde 1789, estableció tres grandes poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial.
- El poder ejecutivo corresponde al presidente y a la Administración federal y su función principal es dirigir el Gobierno y aplicar las leyes.
- El poder legislativo corresponde al Congreso, encargado de aprobar las leyes federales y de decidir sobre una parte fundamental de los ingresos y gastos públicos.
- El poder judicial corresponde a los tribunales federales, con el Tribunal Supremo en su nivel más alto. Su función es resolver conflictos jurídicos e interpretar la Constitución y las leyes.
Los tres poderes son independientes, pero están relacionados entre sí.
Por ejemplo, el presidente puede proponer una nueva política económica, pero si necesita modificar una ley o conseguir financiación adicional, generalmente tendrá que recurrir al Congreso. A su vez, el Congreso puede aprobar una ley, pero el presidente puede vetarla. Y si una decisión del Gobierno vulnera la Constitución o alguna ley, los tribunales pueden intervenir. Este sistema se conoce como checks and balances, una expresión que suele traducirse como controles y contrapesos. La idea es que ninguna institución debería poder hacer “todo lo que quiera” sin límites.
Durante los dos primeros años del segundo mandato de Trump, los republicanos controlaron la presidencia y ambas cámaras del Congreso y esto, lógicamente, facilitaba la coordinación política entre el Gobierno y los legisladores de su partido, aunque no garantizaba que todas sus propuestas fueran aprobadas.
Pero las elecciones del 3 de noviembre han cambiado esa situación. A partir del 3 de enero de 2027, cuando comience el nuevo Congreso, los demócratas controlarán las dos cámaras, mientras Trump seguirá siendo presidente. Es lo que en Estados Unidos se denomina divided government, o Gobierno dividido.
Para entender lo que significa, vamos a tratar de entender primero las dos cámaras del Congreso.
La Cámara de Representantes: representar a la población
El Congreso estadounidense tiene dos cámaras porque sus fundadores quisieron combinar dos formas diferentes de representación.
La primera es la Cámara de Representantes, conocida en inglés como House of Representatives.
Está formada por 435 miembros con derecho a voto. Cada uno representa a una circunscripción electoral y ocupa su puesto durante dos años.
Los escaños se distribuyen entre los estados en función de su población. Por eso, California, que tiene muchos habitantes, elige muchos más representantes que Wyoming, uno de los estados menos poblados. La lógica es que los ciudadanos tengan representación de acuerdo con el tamaño de la población de su estado.
Cada dos años se renuevan los 435 escaños, es decir, que todos los miembros de la Cámara de Representantes deben volver a presentarse a las elecciones si quieren conservar su puesto. Para controlar esta cámara, un partido necesita normalmente 218 escaños cuando están cubiertos los 435 puestos.
¿Por qué es importante esta cámara? Porque participa en la aprobación de las leyes federales, tiene competencias especiales en materia presupuestaria y fiscal y puede investigar la actuación del Gobierno.
Imaginemos que la Administración Trump quiere impulsar un gran programa de financiación pública para construir infraestructuras de inteligencia artificial. El presidente puede anunciarlo, defenderlo y negociar con las empresas. Pero si necesita aprobar nuevos fondos mediante una ley, tendrá que conseguir el apoyo del Congreso. La Cámara de Representantes puede aprobar la propuesta, modificarla o rechazarla y, por supuesto, también puede exigir información sobre cómo se está utilizando el dinero público y esto será especialmente importante durante los próximos dos años.
El Senado: representar a los estados
La segunda cámara es el Senado que funciona completamente distinto.
Estados Unidos tiene 50 estados y cada uno elige exactamente dos senadores, independientemente de su población. Se diseñó así porque querían que los estados pequeños no quedaran completamente subordinados a los más grandes.
Así, mientras la Cámara de Representantes refleja las diferencias de población, el Senado concede la misma representación a cada estado.
El Senado está formado por 100 miembros, dos por cada uno de los 50 estados).
Hay otra diferencia en cuanto a la duración de los mandatos: los senadores tienen mandatos de 6 años, pero no se renuevan todos al mismo tiempo, para asegurar cierta continuidad en las políticas. Cada dos años se elige aproximadamente un tercio del Senado.
Por eso en las elecciones de noviembre de 2026 estaban en juego solo 35 escaños del Senado. Los resultados permitieron a los demócratas recuperar su control, con victorias en estados que tradicionalmente habían elegido candidatos republicanos.
El Senado participa en la aprobación de las leyes, igual que la Cámara de Representantes, pero tiene algunas competencias propias y una de las más importantes es confirmar numerosos nombramientos presidenciales. Por ejemplo, cuando el presidente propone a una persona para dirigir un departamento federal o ocupar determinados cargos judiciales, necesita la aprobación del Senado.
Esto tiene consecuencias directas para la política tecnológica porque los responsables de organismos que intervienen en las decisiones sobre comercio, seguridad nacional, competencia empresarial o regulación tecnológica pueden necesitar esa confirmación.
Un Senado controlado por el partido contrario al presidente puede examinar esos nombramientos con mayor dureza, retrasarlos o rechazarlos. Por tanto, controlar el Senado no significa únicamente poder votar leyes. También supone participar en la elección de algunas de las personas encargadas de aplicarlas.
Cómo se aprueba una ley en Estados Unidos
Ahora que conocemos las dos cámaras, podemos comprender una de las cuestiones más importantes de estas elecciones.
Vamos a ver qué pasa si el Gobierno propone una ley para facilitar la construcción de centros de datos destinados a inteligencia artificial (por ejemplo proponer incentivos fiscales, financiación pública y procedimientos más rápidos para obtener determinados permisos federales).
Para convertirse en ley, tendría que superar varias etapas.
- Primero, el proyecto debe tramitarse en el Congreso. Puede comenzar en cualquiera de las cámaras, salvo determinadas iniciativas fiscales que deben originarse en la Cámara de Representantes.
- Después, la Cámara de Representantes y el Senado deben aprobar exactamente el mismo texto (es decir, si una cámara introduce modificaciones, ambas tendrán que ponerse de acuerdo sobre una versión común).
- Finalmente, el proyecto llega al presidente y, si lo firma, se convierte en ley. Si no está de acuerdo, también puede vetarlo.
El Congreso tiene la posibilidad de superar ese veto, pero necesita una mayoría de dos tercios en cada cámara. Esto es mucho más difícil que conseguir una mayoría simple, por lo tanto, aunque los demócratas controlen las dos cámaras, no podrán imponer automáticamente cualquier ley que Trump rechace.
Y tampoco Trump podrá aprobar por sí solo todas las leyes que desee. El resultado que podemos esperar es un periodo de negociaciones, acuerdos puntuales y bloqueos legislativos.
Pero existe una dificultad adicional que conviene conocer.
Por qué tener mayoría en el Senado no siempre es suficiente
En la Cámara de Representantes, una mayoría simple suele bastar para aprobar una ley.
En el Senado, la situación puede ser más complicada, porque aunque muchas decisiones pueden aprobarse por mayoría simple, existe un mecanismo parlamentario conocido como filibuster, o filibusterismo, que permite retrasar o bloquear la tramitación de numerosos proyectos legislativos.
Para cerrar el debate y avanzar hacia una votación, normalmente se necesitan 60 votos de los 100 senadores. Esto significa que un partido puede controlar el Senado con 51, 52 o incluso 54 escaños y, aun así, necesitar el apoyo de algunos senadores del otro partido para aprobar determinadas leyes.
Hay excepciones y procedimientos especiales, como la reconciliación presupuestaria, que permiten aprobar algunas medidas sin alcanzar esos 60 votos.
Pero la regla general introduce una limitación importante.
Los demócratas han ganado el control del Senado. Eso les permite dirigir su actividad, presidir comisiones y decidir buena parte de sus prioridades. Sin embargo, no significa que puedan aprobar cualquier iniciativa legislativa.
Esta diferencia entre controlar una institución y disponer de los votos necesarios para adoptar una decisión será fundamental para interpretar los próximos dos años.
Entonces, ¿qué puede seguir haciendo Trump?
Hasta ahora hemos hablado del Congreso, pero el presidente conserva importantes poderes.
Uno de sus instrumentos son las órdenes ejecutivas, conocidas como executive orders, que son instrucciones formales del presidente dirigida a la Administración federal. Pero una orden ejecutiva no equivale a una ley aprobada por el Congreso.
El presidente no puede utilizarla para ignorar la Constitución, modificar libremente cualquier ley o gastar dinero que no tenga autorización legal para utilizar y además, las órdenes ejecutivas pueden ser impugnadas ante los tribunales. Y un presidente posterior puede modificar o revocar muchas de las órdenes aprobadas por su antecesor.
Esta diferencia es importante porque buena parte de la estrategia estadounidense de inteligencia artificial se ha desarrollado mediante actuaciones del poder ejecutivo.
En julio de 2025, la Administración Trump presentó America’s AI Action Plan, un plan que organizaba su estrategia alrededor de tres grandes objetivos: acelerar la innovación, desarrollar infraestructuras estadounidenses de IA y reforzar el liderazgo internacional del país.
El documento incluía propuestas relacionadas con centros de datos, energía, semiconductores, exportaciones tecnológicas y seguridad nacional.
En marzo de 2026, la Casa Blanca presentó además un marco legislativo nacional para la inteligencia artificial. Pero presentar una propuesta legislativa no significa que sus medidas se conviertan automáticamente en leyes y aquí es donde las elecciones introducen un cambio.
Trump puede seguir dirigiendo la Administración y utilizando sus competencias legales. Sin embargo, cuando necesite nuevas leyes, financiación o determinados nombramientos, tendrá que relacionarse con un Congreso controlado por los demócratas.
La inteligencia artificial entra en las urnas
Hasta hace relativamente poco, la inteligencia artificial aparecía en la política estadounidense principalmente como una cuestión de innovación, competitividad económica o seguridad nacional.
El debate giraba alrededor de preguntas como quién desarrollaría los modelos más avanzados, cómo competir con China o qué inversiones serían necesarias para mantener el liderazgo tecnológico, pero en 2026 empezó a debatirse mucho más en la calle porque los ciudadanos empezaron a preguntarse cómo afectará la IA a sus empleos, qué ocurrirá con sus datos personales, quién responderá cuando un sistema automatizado provoque un daño y, algo más visible, los centros de datos.
Estos edificios albergan miles de servidores que realizan los cálculos necesarios para entrenar y utilizar modelos de inteligencia artificial. Necesitan grandes cantidades de electricidad, sistemas de refrigeración y conexiones a las redes de comunicaciones. Su construcción puede generar inversión, empleo e ingresos fiscales, pero también puede provocar conflictos relacionados con el consumo de agua, el precio de la electricidad, el uso del suelo o las molestias para las comunidades próximas.
Una encuesta de la Universidad del Sur de California, realizada en octubre de 2026 a 2.980 estadounidenses y publicada el 2 de noviembre, encontró que el 76 % consideraba insuficiente la regulación gubernamental de la inteligencia artificial y el 78 % opinaba lo mismo sobre los centros de datos. Esta preocupación no era solo de los votantes demócratas, también aparecía entre republicanos e independientes.
Una encuesta a pie de urna difundida por NBC News después de las elecciones encontró que el 56 % de los encuestados consideraba que los centros de datos de IA habían sido un factor decisivo o importante en su voto al Congreso.
Esto no significa que la inteligencia artificial fuera lo que decidiera el voto, por supuesto, los costes de vida, la política exterior y otras cuestiones tuvieron también un peso importante, pero sí nos indica que la IA ha dejado de ser un asunto tecnológico y que sus consecuencias empiezan a influir en las decisiones de los votantes.
En diferentes localidades estadounidenses, los ciudadanos votaron propuestas relacionadas con la construcción de centros de datos. Algunas buscaban limitar su tamaño, otras proponían suspender temporalmente nuevas autorizaciones y hubo iniciativas destinadas incluso a prohibir determinadas instalaciones. Muchos candidatos que habían defendido una mayor supervisión de estas instalaciones, tuvieron más votos.
Pero hay algo que hay que entender aquí. Si una empresa tecnológica que quiere construir un centro de datos de gran tamaño, aunque disponga de financiación, tecnología y clientes, e incluso cuente con el respaldo de la Administración federal, necesita encontrar un terreno adecuado, obtener permisos, garantizar el suministro eléctrico y cumplir las normas aplicables. Si las autoridades locales restringen la construcción o la comunidad se opone, el proyecto puede retrasarse, encarecerse o trasladarse a otro lugar.
Por eso, la política estadounidense de inteligencia artificial no depende únicamente de Washington. Los estados y los municipios también pueden condicionar el desarrollo de la infraestructura tecnológica.
La reacción de los mercados después de las elecciones reflejó esta preocupación. El 4 de noviembre, mientras Wall Street cerraba la jornada con ganancias generales, algunas empresas vinculadas a centros de datos registraron caídas ante la posibilidad de mayores restricciones y costes regulatorios.
Recordemos una vez más que una caída bursátil no demuestra que la inversión en inteligencia artificial vaya a detenerse, la bolsa refleja las expectativas de los inversores sobre riesgos que todavía deben concretarse. Lo que sí muestran las elecciones es que construir infraestructuras de IA puede convertirse en una cuestión políticamente más compleja.
¿Puede el nuevo Congreso cambiar la política comercial de Trump hacia China?
Una de las preguntas que dejan las elecciones estadounidenses es qué ocurrirá con la política comercial hacia China. Durante los últimos años, los aranceles, las restricciones a la exportación de tecnología y las medidas para impulsar la producción industrial estadounidense se han convertido en instrumentos fundamentales de la competencia entre ambas economías.
Para entender qué puede cambiar, hay que distinguir primero dos cosas: quién tiene la facultad de aprobar las leyes comerciales y quién puede tomar determinadas decisiones utilizando las leyes que ya existen.
La Constitución estadounidense atribuye al Congreso importantes competencias sobre el comercio internacional, incluida la capacidad de establecer aranceles. Sin embargo, a lo largo de las décadas, el Congreso ha aprobado leyes que permiten al presidente adoptar determinadas medidas comerciales sin tener que solicitar una nueva autorización parlamentaria cada vez.
Esto explica por qué un presidente estadounidense puede anunciar aranceles o restricciones comerciales sin que cada medida tenga que someterse previamente a una votación del Congreso. Pero no significa que tenga un poder ilimitado sino que sus decisiones deberán ajustarse a las facultades que le conceden las leyes y pueden ser revisadas por los tribunales.
Qué pasa por ejemplo, si Trump decide aumentar los aranceles sobre determinados productos procedentes de China. Un arancel es un impuesto que se aplica a los productos importados y lo paga el importador cuando la mercancía entra en Estados Unidos (aunque su coste puede terminar repartiéndose entre empresas, proveedores y consumidores).
Ese arancel puede aumentar sus costes de producción y la empresa tendrá que decidir si absorbe ese coste, aumenta sus precios o busca proveedores alternativos. Por tanto, aunque los aranceles se utilicen para proteger determinadas industrias nacionales, sus consecuencias no afectan únicamente a las empresas extranjeras. También pueden modificar los costes de las compañías estadounidenses, los precios que pagan los consumidores y las decisiones de inversión.
¿Qué puede hacer el nuevo Congreso ante estas decisiones?
Puede investigar sus consecuencias, convocar a responsables del Gobierno, solicitar información y proponer modificaciones de la legislación que permite adoptar determinadas medidas comerciales. También puede intentar aprobar nuevas normas que limiten o condicionen algunas competencias presidenciales.
Sin embargo, si el presidente se opone a una nueva ley, puede vetarla. Para superar ese veto se necesita una mayoría de dos tercios en ambas cámaras, una cifra considerablemente superior a la mayoría simple.
Todo esto significa que el nuevo equilibrio político puede aumentar el control parlamentario sobre la política comercial sin provocar necesariamente un cambio inmediato en los aranceles existentes.
Los aranceles y las restricciones tecnológicas no son lo mismo
Ojo, esto es muy importante en el sector de la IA: un arancel y una restricción tecnológica no es lo mismo.
Un arancel encarece la entrada de determinados productos extranjeros en un mercado y una restricción a la exportación, en cambio, puede impedir o limitar que una empresa venda determinados productos o tecnologías a ciertos países o compradores.
Si Estados Unidos impone un arancel a un producto chino, está modificando las condiciones económicas de su importación pero si restringe la exportación de determinados procesadores avanzados a China, está limitando el acceso de empresas chinas a una tecnología que consideran estratégica.
Las restricciones a la exportación de tecnología avanzada se apoyan en normas de control comercial y seguridad nacional que conceden importantes facultades al poder ejecutivo. El Congreso puede intervenir mediante legislación y supervisión, pero un cambio de mayoría parlamentaria no elimina automáticamente las restricciones vigentes.
Además, la competencia tecnológica con China no pertenece exclusivamente a uno de los dos grandes partidos estadounidenses. Por eso no parece que comience aquí una política comercial más abierta hacia China, pero sí cambia es el entorno institucional en el que se adoptarán y supervisarán esas decisiones.
Durante los próximos dos años, la Administración Trump tendrá que convivir con un Congreso que puede examinar sus políticas comerciales, cuestionar sus consecuencias económicas y promover alternativas legislativas.
Para las empresas tecnológicas, esta situación introduce una cuestión adicional: no basta con conocer las restricciones que existen hoy. También necesitan comprender quién puede modificarlas, qué procedimientos deben seguirse y hasta qué punto una decisión política puede cambiar sus condiciones de acceso a mercados internacionales.
¿Significa esto que Estados Unidos regulará más la inteligencia artificial?
La recuperación del Congreso por parte de los demócratas puede facilitar una mayor actividad parlamentaria sobre inteligencia artificial porque las comisiones del Congreso pueden convocar a directivos de empresas tecnológicas, solicitar documentación, investigar determinadas prácticas y elaborar propuestas legislativas.
Podrían examinar cuestiones como la seguridad de los modelos, la protección de los consumidores, la utilización de datos para entrenar sistemas, los derechos de autor o las consecuencias de la automatización sobre el empleo, o podrían estudiar la concentración empresarial y la dependencia de determinadas infraestructuras tecnológicas.
Pero hay que distinguir tres cosas diferentes.
- La primera es investigar una actividad. El Congreso puede hacerlo sin necesidad de aprobar una nueva ley.
- La segunda es presentar una propuesta legislativa. Cualquier iniciativa tendrá que superar los procedimientos parlamentarios correspondientes.
- La tercera es conseguir que esa propuesta entre en vigor. Para ello deberá aprobarse en ambas cámaras y superar el posible veto presidencial.
Por tanto, podemos encontrarnos con una mayor supervisión política de las empresas de IA sin que necesariamente se apruebe una legislación federal completamente nueva.
La paradoja de la competencia tecnológica
Estados Unidos considera la inteligencia artificial una tecnología estratégica y quiere mantener su liderazgo internacional. Para conseguirlo, necesita empresas capaces de innovar, invertir en investigación, construir centros de datos y desarrollar infraestructuras, pero esas mismas inversiones pueden provocar preocupaciones entre los ciudadanos (una comunidad puede querer que Estados Unidos lidere la inteligencia artificial y, al mismo tiempo, oponerse a que se construya un gran centro de datos cerca de sus viviendas.)
La política estadounidense tendrá que gestionar esas tensiones y las empresas tecnológicas tendrán que vivir con nuevos tipos de incertidumbre.
Europa también tendrá que prestar atención
Las empresas estadounidenses ocupan posiciones relevantes en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, servicios cloud, semiconductores y plataformas digitales utilizadas por organizaciones de todo el mundo. Por tanto, cualquier modificación importante de su entorno regulatorio o de sus condiciones de inversión puede afectar a empresas y usuarios europeos.
También será importante observar la evolución de las relaciones tecnológicas entre Estados Unidos y la Unión Europea. Europa ha desarrollado su propio marco regulatorio de inteligencia artificial, mientras que Estados Unidos mantiene un sistema diferente, en el que intervienen normas federales, estatales y decisiones de las agencias. Estas diferencias pueden generar costes de adaptación para las empresas que operan en ambos mercados pero también pueden abrir espacios de cooperación en cuestiones como la seguridad de los modelos, los estándares técnicos o la investigación científica.
En el ámbito internacional, las decisiones estadounidenses sobre exportación de chips y tecnologías avanzadas seguirán teniendo consecuencias para las cadenas de suministro. Esto afecta tanto a China como a los países que participan en el diseño, fabricación y distribución de semiconductores.
En los dos años próximos habrá que ver cómo va afectando a la industria de la IA el cambio de composición de las dos cámaras y la limitación de libertad absoluta para Trump. En cualquier caso, parece que un mayor control no solo deja más tranquilos a los ciudadanos estadounidenses sino que puede favorecer una mayor estabilidad en el sector.