El 14 de septiembre de 2026 se publicó en Reino Unido un informe que puede terminar teniendo influencia en la futura regulación británica de la inteligencia artificial. Hay que aclarar que esto es una recomendación y no una ley aprobada.

Human Rights and the Regulation of AI ha sido elaborado por el Joint Committee on Human Rights, un comité parlamentario conjunto formado por miembros de la House of Commons y de la House of Lords. Su trabajo consiste en examinar cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, entre otras funciones, analizar cómo las leyes y las políticas públicas pueden afectar a esos derechos.

El documento publicado ahora es su cuarto informe de la sesión parlamentaria 2026-27 y contiene recomendaciones dirigidas al Gobierno británico. No es una ley, ni una decisión del Gobierno, ni significa que las medidas que propone vayan a entrar automáticamente en vigor. El propio Parlamento lo presenta expresamente como un informe con recomendaciones al Gobierno.

El siguiente paso es precisamente conocer la respuesta del Ejecutivo. El Gobierno dispone de dos meses para contestar y la web oficial del Parlamento fija como fecha límite el 14 de noviembre de 2026. A partir de ahí podrá aceptar, rechazar o modificar las propuestas y, en el caso de que quisiera convertir algunas de ellas en obligaciones legales, sería necesario desarrollar el correspondiente proceso legislativo.

Esto es importante para mi aclararlo porque el informe contiene propuestas bastante ambiciosas. Habla de una futura ley específica de inteligencia artificial, de sistemas que podrían necesitar autorización antes de desplegarse, de mayores controles sobre los modelos más potentes e incluso de usos de la IA que deberían prohibirse. Leídas fuera de contexto, estas recomendaciones pueden sonar como un nuevo intento de frenar la inteligencia artificial pero su planteamiento es bastante concreto: el comité no propone detener el desarrollo general de la IA, sino establecer distintos niveles de control dependiendo del riesgo que pueda generar cada sistema.

El problema que ve el comité: muchas normas, pero ningún marco común

Reino Unido no parte de cero. La inteligencia artificial ya puede estar sometida a normas de protección de datos, igualdad, consumo, seguridad, sanidad, servicios financieros o protección de los trabajadores, dependiendo del ámbito en el que se utilice. Existen también diferentes reguladores con competencias que pueden afectar a la IA.

El comité considera, sin embargo, que ese modelo deja demasiados huecos. Las leyes actuales fueron diseñadas en muchos casos antes de la aparición de los grandes modelos fundacionales y de los sistemas de IA capaces de intervenir en numerosos sectores. El resultado, según el informe, es un panorama fragmentado en el que diferentes organismos controlan partes distintas del problema y en el que algunos riesgos pueden quedar entre las competencias de unos y otros.

Por eso recomienda que el Gobierno presente una AI Bill, una legislación específicamente dedicada a la inteligencia artificial. La idea central sería relativamente sencilla: no toda IA necesita el mismo nivel de regulación. El informe propone clasificar modelos y sistemas según su nivel de riesgo e imponer obligaciones progresivamente mayores a medida que aumenta su capacidad de afectar a los derechos de las personas.

Al igual que propone el AI Act de la Unión Europea, expliac que una aplicación que recomienda canciones, por ejemplo, no plantearía el mismo problema que un sistema utilizado para decidir quién recibe una prestación pública, seleccionar candidatos a un empleo, vigilar a ciudadanos o adoptar decisiones que puedan afectar significativamente a una persona. Lo relevante dejaría de ser únicamente que algo utilice inteligencia artificial sino para qué se utiliza, qué consecuencias puede tener y qué daño puede provocar si funciona mal.

Un organismo independiente para cubrir los huecos

El informe propone además crear un organismo independiente de supervisión de la inteligencia artificial con base legal. Tampoco significa necesariamente construir un nuevo gran regulador desde cero. El comité deja abierta la posibilidad de crear una institución nueva o ampliar las competencias de alguna ya existente.

Su función sería coordinarse con los reguladores sectoriales, detectar problemas que queden fuera de sus competencias, recibir información sobre incidentes y observar patrones de daño que puedan aparecer en distintos sectores. Entre las funciones propuestas se incluyen mantener un registro público de incidentes relacionados con IA, emitir códigos de prácticas y disponer de capacidades de supervisión, evaluación y sanción.

Esta parte ayuda a entender el enfoque general del documento. El comité no plantea sustituir automáticamente a organismos especializados que ya conocen bien sectores como la salud, las telecomunicaciones o las finanzas. Busca añadir una capa capaz de mirar transversalmente una tecnología que ya no pertenece a un único sector.

Cuanto mayor sea el riesgo, mayor sería el control

Una de las propuestas más importantes aparece cuando el informe aborda los sistemas considerados de alto riesgo. El comité recomienda que aquellos capaces de producir un daño importante sobre los derechos humanos puedan necesitar aprobación previa antes de ser ofrecidos o desplegados.

Esta diferencia resulta fundamental porque ahora gran parte de la regulación tecnológica tradicional actúa cuando un producto ya está funcionando y aparece un problema. El planteamiento del informe introduce, para determinados usos, la posibilidad de comprobar antes si los riesgos son aceptables.

De nuevo, la lógica depende del contexto: un error en una aplicación de entretenimiento puede resultar molesto, pero un error al decidir sobre derechos y prestaciones puede tener consecuencias mucho mayores y peligrosas.

El comité propone además que el organismo de supervisión tenga capacidad para realizar pruebas y evaluaciones de aplicaciones de alto riesgo y, cuando detecte riesgos inaceptables para los derechos humanos, pueda impedir su lanzamiento o exigir su retirada.

Recuerda mucho al AI Act, pero con alguna diferencia

Para un lector europeo, esta propuesta recuerda bastante al AI Act de la Unión Europea. La idea básica es la misma: no todas las aplicaciones de inteligencia artificial deberían tener las mismas obligaciones, es decir, cuanto mayor sea el riesgo de una IA, mayores deberían ser los controles antes y después de utilizarla.

La diferencia es que la Unión Europea ya tiene ese marco aprobado mediante el AI Act, mientras que Reino Unido todavía no dispone de una ley general de IA de este tipo. Hasta ahora ha confiado más en las leyes y reguladores que ya existen para cada sector, y ahora el comité parlamentario considera que ese sistema se ha quedado demasiado fragmentado y recomienda crear una legislación específica.

La propuesta británica, además, pone especialmente el foco en los derechos humanos y en la supervisión de los modelos de IA más potentes.

Personalmente, creo que al partir de regulaciones sectoriales, unirlas ahora puede ser más rico que las regulaciones generales con las que comenzó Europa.

El control también tendría que llegar a los modelos más potentes

El informe dedica especial atención al AI Security Institute, conocido como AISI, el organismo británico que analiza capacidades y riesgos de algunos de los modelos de inteligencia artificial más avanzados. Su relación con las empresas es actualmente, en buena medida, voluntaria y el comité considera que debería reforzarse legalmente.

Los desarrolladores de modelos especialmente potentes deberían presentar al AISI tanto nuevos modelos como nuevas versiones de modelos existentes para su revisión, evaluación y pruebas. También tendrían que facilitar información técnica sobre sus propiedades, el proceso y los datos de entrenamiento, los usos previstos, las pruebas realizadas en materia de seguridad y las medidas adoptadas para controlar los riesgos.

El comité propone además que el AISI pueda publicar sus conclusiones antes del lanzamiento y emitir advertencias preliminares cuando encuentre motivos de preocupación. Si detectara riesgos importantes para los derechos humanos, debería comunicarlo a las autoridades y al futuro organismo de supervisión.

Aquí aparece un cambio interesante respecto a un modelo basado principalmente en compromisos voluntarios de las propias empresas: el informe quiere que exista capacidad pública para mirar algunos de los sistemas antes de que lleguen masivamente al mercado.

Las líneas rojas, incluida la polémica referencia a AGI y ASI

Aquí viene la parte más delicada y a la vez, más alarmista: el comité considera que determinados usos de inteligencia artificial deberían estar prohibidos cuando sean incompatibles con los derechos humanos (pone ejemplos como técnicas subliminales, inferencia de emociones y determinados usos inadecuados del perfilado o de los datos biométricos).

El informe va un paso más allá y menciona sistemas hipotéticamente mucho más potentes, como una futura inteligencia artificial general, AGI, o una superinteligencia artificial, ASI. Pero no afirma que estas tecnologías existan actualmente en ese sentido ni propone prohibir cualquier investigación que pueda conducir a ellas.

Lo que recomienda es crear una línea roja legal para un escenario extremo: si sistemas de ese nivel de capacidad presentaran riesgo de provocar daños muy graves y generalizados, incluida la posibilidad de escapar a un control humano efectivo, su desarrollo y provisión deberían poder prohibirse. El propio informe añade que los detalles de esas prohibiciones deberían establecerse después de una consulta pública.

La diferencia es importante. La propuesta no equivale a decir que Reino Unido haya decidido “prohibir la AGI”, sino que pide que el futuro marco jurídico disponga de herramientas para reaccionar si llega a existir un sistema cuya peligrosidad alcance determinados límites.

¿Quién responde cuando el problema viene del modelo?

Esto para mi es casi lo más importante: la inteligencia artificial funciona cada vez más como una cadena. Una gran empresa desarrolla un modelo fundacional, otra accede a él mediante una API, una tercera puede integrarlo en una aplicación destinada a recursos humanos, educación, atención al cliente o servicios financieros y esto provoca que cuando surge un problema, es complicado saber quién es el responsable.

El comité considera que el marco actual coloca demasiado peso sobre quienes despliegan la tecnología y permite que los grandes desarrolladores situados al principio de la cadena transfieran parte de la responsabilidad hacia empresas que tienen mucha menos información y capacidad para evaluar el modelo.

Imaginemos una pequeña empresa que construye una herramienta utilizando el modelo fundacional de una gran tecnológica. Puede controlar cómo diseña su aplicación, qué instrucciones utiliza o para qué clientes la comercializa pero no sabe todos los datos con los que se entrenó el modelo, las decisiones tomadas durante su desarrollo o determinados riesgos descubiertos durante las pruebas internas.

Por eso el informe propone repartir las obligaciones a lo largo de toda la cadena de valor según el papel de cada actor y su capacidad real para detectar, evaluar y prevenir el riesgo. No eliminaría la responsabilidad de quien utiliza la tecnología, pero tampoco permitiría asumir automáticamente que todo comienza en el momento en que alguien despliega una aplicación.

No se trata simplemente de elegir entre innovación y seguridad

El informe es crítico con algunos aspectos del marco actual británico, pero no plantea que el desarrollo de la inteligencia artificial sea en sí mismo un problema. Reconoce explícitamente su capacidad para producir beneficios y contribuir al crecimiento económico y considera que una regulación más estricta de los usos de mayor riesgo no tiene por qué impedir esas oportunidades.

Ahí está probablemente el elemento más interesante de este documento dentro del debate actual sobre si debemos acelerar o ralentizar la IA. La propuesta del comité británico no discute la inteligencia artificial como si fuera una única tecnología que solo permitiera escoger entre avanzar o detenerse, intenta separar los escenarios. Hay aplicaciones de riesgo limitado que pueden necesitar pocas obligaciones adicionales. Hay sistemas capaces de afectar significativamente a derechos que requerirían controles mucho mayores. Y podría haber, en un escenario futuro, sistemas tan potentes que obligaran a plantear directamente dónde están las líneas que una sociedad no está dispuesta a cruzar.

El informe todavía no responde definitivamente a esas cuestiones. Ahora corresponde al Gobierno británico responder y decidir qué propuestas quiere aceptar, modificar o rechazar.

Pero sí refleja una evolución relevante del debate. La pregunta empieza a ser menos genérica que “¿debemos parar la IA?” y bastante más difícil de resolver: qué sistemas necesitan controles, cuánto riesgo estamos dispuestos a aceptar, qué debe comprobarse antes de permitir su despliegue y quién debe responder cuando algo sale mal.

Fuente principal: Joint Committee on Human Rights, Human Rights and the Regulation of AI, Fourth Report of Session 2026-27, UK Parliament, publicado el 14 de septiembre de 2026.